La Guardia Civil y los Servicios de Vigilancia Aduanera incautaron 57,8 millones de euros entre 2011 y 2013 de personas que pretendían entrar o salir de España con dinero en efectivo sin declarar. El 21,6% del importe decomisado tenía como origen o destino Andorra. La legislación obliga a notificar las salidas y entradas de efectivo del país cuando superan los 10.000 euros. La caída de la Banca Privada de Andorra (BPA) tras la acusación de blanqueo de capitales realizada por las autoridades estadounidenses ha reforzado el estigma sobre el pequeño país de los Pirineos. Andorra figuraba en la lista de paraísos fiscales de España desde su creación en 1991 y salió de ella en 2010, cuando ambos países firmaron un tratado de intercambio de información tributaria. Si bien el blanqueo de capitales y los delitos fiscales pueden cometerse desde un ordenador, la frontera física entre España y Andorra sigue siendo un punto crítico de entrada y salida de capitales. Fuentes de la Guardia Civil del puesto fronterizo de Lérida señalan que, el año pasado, la totalidad de dinero incautado se detectó en ciudadanos que entraban a España y no decomisó efectivo de salida. Ello sugiere que los contribuyentes españoles ya no confían en Andorra para sacar su dinero negro por carretera y, aquellos que lo hicieron en el pasado –cuando el secreto bancario andorrano era sagrado–, están optando por repatriar el dinero evadido.